Brechas de seguridad y regulación en plataformas de movilidad

Las
plataformas digitales de movilidad y delivery se han convertido en un mercado
de creciente importancia para la economía urbana. En 2022, estos servicios
registraron en conjunto un promedio de 648
mil operaciones diarias en el Perú, considerando 531 mil viajes
mediante aplicaciones de movilidad urbana y 117 mil pedidos de delivery, según
cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) recogidas por el Observatorio de
Plataformas-Perú. La actividad se concentra principalmente en Lima, donde se
realiza alrededor de cuatro de cada cinco servicios.

En este contexto, el informe “Movilidad digital
sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”,
elaborado por ASPEC y el
Observatorio de Plataformas-Perú, analiza las condiciones bajo
las cuales operan estos servicios y advierte brechas en seguridad, protección
al consumidor, transparencia y fiscalización.

El estudio señala que 8 de cada 10 limeños
utilizan aplicaciones de movilidad. Para evaluar sus condiciones, se realizaron
70 evaluaciones de cliente
incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026: 40
correspondieron a taxis y 30 a paquetería. La investigación revisó Uber, DiDi,
Yango, inDrive, inDrive Entregas y Cabify. El estudio precisa que la muestra es
no probabilística y exploratoria, por lo que sus resultados no son
extrapolables a toda la población.

Los resultados muestran diferencias entre
plataformas en protección al consumidor, seguridad, transparencia y mecanismos
de reclamo. Dos de las principales aplicaciones evaluadas no contaban con un
Libro de Reclamaciones ubicado en su página web. Asimismo, tres de las cinco
apps analizadas no contarían con domicilio legal en Perú y dos someten sus
controversias a jurisdicciones extranjeras. El estudio también identificó que
cuatro de las cinco plataformas pueden modificar sus términos y condiciones sin
aceptación previa del usuario y cuatro no cuentan con una política clara de
cancelaciones y reembolsos.

El trabajo de campo aporta indicadores sobre la
prestación efectiva del servicio. El 23%
de los viajes en taxi por aplicativo registró cancelaciones
antes de concretarse, frente al 13% observado en paquetería. En seguridad, solo
18% de los taxis evaluados mostró el SOAT visible, aunque en todos los casos en
que fue observado se encontraba vigente.

En paquetería, 12% de los casos presentó discrepancias entre la placa
registrada en la aplicación y el vehículo que llegó a recoger
el pedido. En la medición específica de coincidencia de placas, el resultado
fue de 100% en taxis y 88% en paquetería.

La dimensión del mercado permite contextualizar
estos hallazgos. Los 117 mil servicios diarios de delivery registrados en 2022
equivalían a aproximadamente 43
millones de repartos al año a nivel nacional. Considerando que
80% se concentraba en Lima, el mercado representaba alrededor de 93.600 pedidos
diarios en la capital.

Dentro de este universo, la investigación
detectó una práctica que abre un nuevo frente para la fiscalización. De las 30
evaluaciones realizadas en paquetería, tres
repartidores aceptaron transportar a una persona, después de la
insistencia del usuario, equivalente al 10% de los casos evaluados.

La evaluación también identificó dificultades
posteriores al viaje. Aunque 95% de los pasajeros manifestó sentirse seguro
durante el trayecto, solo 50% de los objetos olvidados fue recuperado y en 33%
de esos casos los conductores solicitaron pagos adicionales para devolverlos,
según los resultados presentados por ASPEC, el Observatorio de Plataformas-Perú
e Ipsos.

Durante su participación, el presidente de la Comisión de Transporte
de la Cámara de Diputados, el parlamentario Luis Quispe Candia,
mencionó que “durante años venimos discutiendo este tema y mi posición ha sido
señalar que el transporte de pasajeros en moto es ilegal, por lo tanto se
necesita de la acción inmediata del MTC para regular ello”.

También agregó que: “desde mi gestión en el
Parlamento, tendrán toda mi disposición para iniciar la redacción de una norma
para el sector”.

Como invitado se contó también con la
presentación de Ismael Sutta, ex viceministro de Transportes, quien saludó este
tipo de evidencias presentadas a las autoridades e hizo una llamada a la acción
fiscalizadora, como ya se ha realizado con casos similares de transporte ilegal
de pasajeros en motos por otros operadores.

Ausencias regulatorias

En el ámbito regulatorio, el informe señala que
Perú no cuenta con una norma sectorial nacional específica para la
intermediación digital de transporte. Las competencias están distribuidas entre
el MTC, la ATU, las municipalidades e Indecopi, sin un registro sectorial
nacional ni potestades claramente delimitadas para supervisar a las
plataformas.

El IPE estimó que en 2022 se realizaron 194 millones de viajes mediante
plataformas de movilidad urbana y alrededor de 43 millones de repartos y
entregas. En conjunto, cerca de 27 mil personas utilizaban
alguno de estos servicios cada hora.

El informe contrasta esta situación con Brasil,
Chile, Bolivia, México y Uruguay, países que han desarrollado marcos normativos
relacionados con las plataformas digitales. En Brasil, la Ley N.º 13.640/2018
incorporó el transporte remunerado privado individual de pasajeros a su
política de movilidad urbana y estableció requisitos vinculados con
conductores, vehículos, seguros y fiscalización local.

El informe incluye además un ranking
comparativo. Yango y Cabify aparecen con niveles más altos de protección; Uber
y DiDi, en una posición intermedia; mientras que inDrive figura con un menor
nivel de protección y mayor riesgo regulatorio. El documento precisa que estos
rankings tienen finalidad diagnóstica y no constituyen pronunciamientos
sancionatorios ni de legalidad.

Actividad no autorizada

Otro punto abordado es el transporte de
pasajeros en motocicleta lineal. El estudio señala que esta modalidad no cuenta
con habilitación legal y recuerda que el Decreto Supremo N.º 035-2019-MTC
establece el bloqueo de aplicativos y páginas web que ofrezcan transporte
público de personas en vehículos de categoría L, salvo los L5.

El informe recuerda que el servicio especial de
taxi debe prestarse en vehículos de categoría M1, con excepción de los
vehículos de categoría L5. Además, una resolución de Indecopi de 2025 concluyó
que no resultaba jurídicamente viable ordenar la inaplicación de medidas
destinadas a impedir la promoción de una actividad prohibida por la normativa
vigente.

Frente a este escenario, el informe plantea un
marco regulatorio basado en cuatro ejes: responsabilidad jurídica y
trazabilidad de las plataformas; estándares homogéneos de seguridad;
verificación de conductores y protección del consumidor; y fiscalización con un
régimen progresivo de sanciones.

Entre las medidas propuestas figuran crear un
Registro Nacional de Plataformas Digitales de Movilidad, exigir domicilio legal
en Perú, establecer estándares técnicos comunes y fortalecer los mecanismos de
reclamación y fiscalización.

El estudio plantea así una discusión sobre cómo
acompañar con reglas y mecanismos de supervisión el crecimiento de un mercado
que ya registra 648 mil
servicios diarios entre movilidad urbana y delivery, con una
alta concentración de operaciones en Lima.

Finalmente,
la directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro,
concluyó con la necesidad de regular, fiscalizar y contar con información
actualizada sobre el creciente uso de plataformas digitales de movilidad y
reparto. Al respecto, resaltó que “así como la inseguridad está en las calles,
las modalidades para evadir la ley también se trasladan a las plataformas, por
ello necesitamos trabajar de la mano con las autoridades correspondientes para
proteger a los usuarios”.