Diálogo social garantiza IA en el sector público

La primera etapa de la aplicación del Reglamento de la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ha iniciado este mes, y se espera que la implementación de la IA en el sector público contribuya con su eficiencia operativa. Sin embargo, para lograr resultados eficientes y sostenibles en el tiempo, es muy importante que el Estado emplee el diálogo social con sus trabajadores.

“El diálogo social promueve la paz en el entorno de trabajo y asegura la productividad, porque se trata de un proceso de comunicación y negociación entre los actores del ecosistema laboral, en este caso, las instituciones de Gobierno y sus trabajadores a través de sus representantes y organizaciones”, explica Carlos Carrión Crespo, Juris Doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El estudio Global case studies of social dialogue on AI and algorithmic management, publicado por la OIT en 2025, analizó experiencias de diálogo social sobre inteligencia artificial y gestión algorítmica en distintas regiones del mundo, y se encontraron casos de participación de sindicatos en asuntos relacionados con empleo, competencias y condiciones laborales, en los cuales destacó el potencial del diálogo social para lograr que la IA complemente las capacidades de los trabajadores en lugar de limitarse a reemplazarlas.

El experto destaca cuatro formas de participación de los trabajadores y sus líderes para garantizar la adecuada implementación en el aparato estatal. Primero, es recomendable que la transformación tecnológica sea abordada como un proceso de construcción de acuerdos. Es decir, antes de implementar un sistema de IA, las entidades públicas tendrán que explicar qué objetivos persigue, qué funciones podrían cambiar, qué información será procesada y qué necesitarán los trabajadores. Es aquí donde el diálogo social adquiere especial importancia, con la participación de autoridades, trabajadores y organizaciones sindicales.

“En segundo lugar, los sindicatos pueden ayudar a identificar riesgos, resaltar alternativas y recoger las preocupaciones de los trabajadores sobre la IA. Su participación no tiene por qué representar una oposición a la innovación; sino que puede ayudar a que esta se desarrolle de manera ordenada y sostenible. Además, son ellos los que conocen los procedimientos y dificultades de sus actividades. Incorporar su experiencia permitirá detectar problemas que no siempre son visibles desde una perspectiva exclusivamente técnica”, agrega Carrión Crespo.

Por ejemplo, el Reglamento, en el artículo 14.2, considera que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en procesos de selección, evaluación, contratación o cese de trabajadores y postulantes presentan un alto riesgo. Se establece que, en estos casos, se necesitan mayores exigencias y mecanismos de supervisión humana. Esta protección es importante porque una decisión que afecta la trayectoria laboral de una persona no debe ser tomada exclusivamente por un sistema automatizado. La IA puede apoyar en una decisión, pero siempre debe existir una instancia humana capaz de detectar posibles errores o sesgos y considerar todas las circunstancias particulares de cada caso.

En tercer lugar, los trabajadores deben defender su derecho a solicitar revisiones sobre las decisiones apoyadas por inteligencia artificial, si es que las encuentran incorrectas o injustas. Esta tecnología puede identificar patrones fácilmente, pero son las personas las que tienen el criterio de entender lo que está ocurriendo y discernir entre la información. “Si alguien está supervisando a la IA significa que hay espacio para iniciar el diálogo y la mediación”, señala el especialista.

Finalmente, otro elemento fundamental es la capacitación, porque la automatización de determinadas tareas no debería llevar directamente a considerar el desplazamiento de trabajadores. Las entidades pueden identificar las nuevas competencias necesarias y preparar a su personal para establecer procedimientos para revisar decisiones automatizadas de la IA, utilizarla, supervisarla y evaluar sus herramientas. Incluso, la propia Regulación contempla el fortalecimiento de las capacidades y habilidades digitales del personal. De esta manera, la tecnología acompaña al trabajador y le ayuda a desarrollar nuevas funciones, pero no se convierte en su sustituto.

Carrión Crespo indica que modernizar el Estado no significa desplazar a las personas, sino brindarles mejores herramientas. Si la transformación se desarrolla con participación, capacitación y respeto, la IA puede convertirse en un factor de progreso, pero si se implementa sin escuchar ni preparar a los trabajadores, esta oportunidad puede convertirse innecesariamente en una fuente de conflicto.

“Una implementación deficiente de estos sistemas puede generar desconfianza y conflictos laborales. Si los trabajadores perciben que la inteligencia artificial será utilizada sólo para vigilar, evaluar o reducir los puestos de trabajo, se deteriorará el clima laboral. La IA puede contribuir a un Estado más eficiente y también representar una gran oportunidad para fortalecer una cultura institucional basada en la confianza y la participación. El diálogo social es el puente entre la innovación y la protección de los derechos del trabajador, y el mejor momento para dialogar no es después de que aparezca el conflicto sino antes”, concluye.