Perú: riesgo de apagón digital por brecha en sectores críticos

Durante 2025, el Perú registró 42,980 delitos informáticos, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2025 del Ministerio Público. Al 2 de septiembre de 2026, además, el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) había gestionado 586 alertas de seguridad digital, según el tablero de indicadores de transformación digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El riesgo cobra especial relevancia cuando un incidente compromete infraestructura necesaria para mantener servicios esenciales. Una alerta técnica del CNSD sobre infraestructura crítica identifica entre estos servicios a la energía, el agua, las telecomunicaciones, el transporte, la salud y los sistemas bancarios y financieros, y advierte que su interconexión puede generar efectos en cadena si uno de ellos se ve afectado.

Para Freddy Linares Torres, profesor de la Universidad del Pacífico, el Perú todavía enfrenta una brecha importante para responder frente a este tipo de amenazas, debido a que distintas entidades públicas cuentan con sistemas que requieren actualización y mayores niveles de protección.

“El principal riesgo ya no es únicamente el robo o la alteración de datos: un ataque puede además comprometer la capacidad operativa de instituciones y como consecuencia los servicios de los que depende la ciudadanía”, advierte.

Cuando un incidente digital afecta servicios esenciales

Energía, banca y salud se encuentran entre los sectores más sensibles ante un ciberataque por su impacto directo en actividades esenciales. Una afectación simultánea podría generar lo que Linares denomina un “apagón digital”, en el que las consecuencias trascienden lo digital y alcanzan rápidamente la vida cotidiana y la actividad económica.

En el sistema financiero, por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estableció estándares de resiliencia operativa para los canales digitales, que contemplan tiempos máximos de recuperación de entre tres y cinco horas para determinados servicios.

La respuesta requiere coordinación

Frente a amenazas que atraviesan fronteras, la protección independiente o aislada de cada organización resulta insuficiente. Según el especialista, se requiere cooperación permanente entre el Estado, el sector privado y aliados internacionales, además de ampliar los mecanismos actuales para compartir información sobre amenazas e incidentes.

Actualmente, 424 entidades integran la Red Nacional CSIRT, de acuerdo con el tablero de indicadores de transformación digital de la PCM, una estructura orientada a articular capacidades de prevención y respuesta ante incidentes de seguridad digital.

Inteligencia artificial para anticipar amenazas

La inteligencia artificial puede contribuir a detectar patrones o comportamientos anómalos antes de que se conviertan en incidentes de mayor escala. Para Linares, el Estado debe fortalecer sus capacidades de monitoreo y análisis para identificar señales de alerta y reaccionar antes de que una amenaza comprometa servicios críticos o la seguridad nacional. Se espera un protocolo de escalamiento claro.

Sin embargo, la tecnología es solo una parte de la respuesta. La protección de la infraestructura digital también requiere presupuesto permanente, talento especializado y estándares mínimos de ciberseguridad para las entidades públicas.

“Prevenir un ciberataque resulta menos costoso que reconstruir los sistemas después de una crisis”, sostiene el especialista, quien considera que la preparación debe formar parte de una política sostenida de prevención y gestión de riesgos.

En un contexto de creciente dependencia de servicios digitales, el desafío no pasa solo por responder a los incidentes, sino por desarrollar capacidades que permitan contener su impacto y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.