Para el ciudadano, la calidad de un servicio público se mide en la práctica: cuánto tarda la respuesta, si la denuncia se atiende y si debe repetir la misma información en cada entidad. En Perú, esa experiencia depende hoy de sistemas que operan por separado. El país cuenta con 19.737 cámaras de videovigilancia municipales operativas, frente a 3.584 registradas en 2015 (INEI, RENAMU 2025). Sin embargo, en Lima Metropolitana, de 8.622 cámaras municipales, solo 1.840 están conectadas a la Central 105 de la PNP. La PNP, los gobiernos regionales y los municipios operan sus sistemas de forma independiente, con tecnologías distintas y cobertura desigual.

Esta fragmentación tiene un costo directo para la ciudadanía. Según el INEI, solo el 17% de las víctimas de algún delito presentó una denuncia, y el 45% de quienes no denuncian lo considera una pérdida de tiempo. Cuando el reporte no produce una respuesta visible, el ciudadano deja de reportar, y las autoridades pierden información para planificar.

"Imagine un caso como este. A las 20:47, le roban un vehículo en el Callao. A las 20:52, una cámara en San Martín de Porres lo graba, pero nadie recibe la alerta. A las 20:58, un lector de placas en Los Olivos lo detecta, aunque no lo marca como robado. Y a las 21:08, en la Panamericana Norte, se pierde el rastro. En veinte minutos, cuatro jurisdicciones y cuatro sistemas tuvieron una pieza del caso, pero ninguno tuvo la historia completa. Con un centro de mando común, esas detecciones llegarían a una misma pantalla y a la entidad que debe atender el caso", señala Francisco Javier Cardemil Barreto, Gerente de Desarrollo de Negocios de Smart Cities & Mobility de SONDA. "Al ciudadano no le importa qué institución le corresponde; solo quiere que alguien lo atienda. El sistema debe conectarse para que él no tenga que saberlo ni hacer el trabajo de unir las piezas", agregó.

Conectar los servicios públicos permite que la información de un incidente llegue a la entidad que debe atenderlo y que las decisiones se tomen con una vista común. En ese sentido, Cardemil recomienda seguir estos cinco pasos:

1. Gobernar los datos primero. Hacer un inventario único de cámaras y equipos con su estado actual, y definir quién es dueño de cada dato, quién puede acceder y con qué reglas.
2. Interoperar con estándares. Conectar las centrales municipales con la Central 105 y usar APIs y protocolos comunes entre la PNP y el serenazgo.
3. Operar en conjunto. Crear un centro de operaciones con un representante por entidad, un mando único y protocolos compartidos.
4. Incorporar la IA con controles. Revisar los modelos por sesgos, minimizar los datos personales conforme a la Ley 29733 y mantener la validación humana en las decisiones críticas.
5. Medir resultados. Seguir indicadores como el tiempo entre la alerta y el despacho, el porcentaje de cámaras operativas y los casos resueltos con evidencia de video.

En la región hay referentes. El Centro de Comando Unificado de Montevideo, en operación desde 2013, cuenta con más de 8.000 cámaras en el espacio público y más de 400 lectores de placas. Según SONDA, en la zona monitoreada se registró una reducción de 46% en los delitos y de 50% en el tiempo de respuesta. En Chile, la Municipalidad de Vitacura integra telefonía, aplicación ciudadana, GPS de flota y GIS en un centro de operación continua, y asegura haber cerrado sus brechas en cuatro meses. "Lima no necesita más cámaras ni más sistemas. Necesita una visión común", concluye Francisco Cardemil.